La Excuela Ocupar la Política

Mayo 3, 2021. Por Ocupar La Política

Los cuidados en los territorios

En las últimas décadas, las políticas urbanas y de vivienda no han ido acompañadas de la adecuada provisión de servicios y equipamientos comunitarios, que cumplen un rol esencial para la reproducción social y las tareas de cuidado (en su mayoría no remuneradas y a cargo de las mujeres), como lo son, por ejemplo, salas cunas comunitarias, espacios de cuidado de enfermos o centros comunitarios para la provisión de proyectos colectivos. 

Por lo general, las políticas urbanas y habitacionales han desarrollado proyectos aislados, entregando una vivienda sin entender que los servicios y equipamientos son sostenedores para el apoyo en las actividades de las personas, especialmente de las mujeres. Según datos de la encuesta Casen 2017, el 15% de las mujeres necesita compartir un núcleo familiar, debido a que debe cuidar niños/as, ancianos/as, personas enfermas o discapacitadas. 

La privatización de los espacios

A lo anterior se suma que las políticas neoliberales y de ajuste estructural han significado la privatización y/o abandono de infraestructuras y servicios existentes, con impactos particularmente negativos en el caso de las mujeres y los grupos marginalizados por diversos motivos, las poblaciones de menores ingresos y quienes habitan en las periferias y/o barrios populares. Por ejemplo:

Los terrenos en desuso, que no se utilizan para la construcción porque no entregan la rentabilidad que se requiere para desarrollar un proyecto, tampoco son utilizados para desarrollar proyectos comunitarios, como centros comunitarios o áreas verdes, ya que el Estado no posee una política para intervenir sitios eriazos. Estos terrenos, por lo general, se transforman en microbasurales o espacios que generan externalidades negativas y sensación de inseguridad, lo que afecta directamente a las mujeres que transitan a su alrededor. 

En nuestra Constitución prevalece el derecho a la propiedad privada, principalmente aquella en posesión de la familia (según un modelo nuclear y heterosexual), que constituiría la base de la sociedad  y que en una sociedad patriarcal se transforma en el espacio de reproducción, refuerzo de los roles y desigualdad de género, lo que se puede observar en la tenencia de la tierra y la vivienda. 

Según datos de la encuesta Casen 2017, en el quintil más bajo, de diez personas, siete hombres (70%) y tres mujeres (30%) poseen propiedad sobre una vivienda. Sin embargo, se estima que los hogares que poseen a una mujer como jefa de hogar alcanza el 43%.
 

Esto repercute en la dependencia de las mujeres y la reproducción de los roles de género, y se reflejan las barreras para la independencia. Este cruce de familia y propiedad deriva en modelos de ciudades privatizadas y expansivas, que aumentan distancias, disminuyen relevancia de los espacios de reproducción y esconden la violencia en los espacios privados.

Exclusión en la planificación urbana 

Bajo estos mismos principios es que no reconocen las diversidades y se promueven políticas desde la perspectiva masculina y de estereotipos de género basados en cuerpos estandarizados y valorados en función de su capacidad productiva. 

Esto impide la inclusión y una planificación urbana para la sociedad en su conjunto, dejando afuera y discriminando a los grupos que se alejan del usuario definido como hegemónico (hombre, blanco, heterosexual, en edad productiva, con empleo estable y remunerado, etc.). Si se ve con un ejemplo:

Las ciudades han sido planificadas en torno a la capacidad productiva. Esto se puede observar en las ciudades salitreras, donde los espacios habitacionales eran construidos para el núcleo familiar, en torno a la productividad del hombre. Las mujeres debían trabajar en el hogar y así el hombre podría trabajar en la salitrera. Esto sigue sucediendo hasta el día de hoy. 

Se puede observar cómo los espacios públicos han sido construidos para los hombres, relegando a la mujer a la vida privada del hogar. A su vez, esto afecta la posibilidad de ejercer en plenitud, sin discriminación y libres de violencia, los derechos sexuales y reproductivos de cada individuo en el espacio urbano y en el territorio, ya que la ciudad no permite la diversidad en el uso de los espacios públicos, en los servicios, en la infraestructura, ni en el transporte público. La ciudad está creada para que los hombres la habiten, discriminando a cualquier persona diversa. 

Líneas propuestas para una nueva Constitución

  • Es necesario reconocer hogares y relaciones de convivencia distintos a la familia heterosexual tradicional como base de la sociedad y potenciar la vinculación y cooperación entre comunidades.
  • Garantizar reconocimiento, redistribución equitativa y apoyo integral a las tareas de cuidado como pieza central en la reproducción de la sociedad,  con especial énfasis en la aplicación de políticas públicas que incluyan los equipamientos y servicios necesarios para hacer posible una gestión más colectiva y comunitaria.
  • Incorporar principios vinculados a la priorización del valor de uso (función social) de la tierra, la propiedad y la ciudad en las políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, como mecanismo para la garantía de los cuidados y los derechos.
  • Incorporación de mecanismos de democracia directa y participativa de la sociedad en el desarrollo de su hábitat para la construcción de espacios adecuados a las diversas realidades, en vista del bien común.
  • La garantía de derechos de identidad y derechos sexuales en una nueva Constitución debe contemplar que estos cuenten con las condiciones para ejercerse en espacios libres de violencia física o simbólica.

Como consideración para el debate constituyente y la normativa posterior: la garantía de derechos sociales como la educación, la salud, la vivienda adecuada y el cuidado a lo largo de todas las etapas de la vida, es posible en la medida que también se garanticen en el espacio urbano, con zonas accesibles de servicios dignos, a distancias abarcables (proximidad).

Lecturas para profundizar 

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