La Excuela Ocupar la Política

Mayo 3, 2021. Por Ocupar La Política

Por viviendas para las personas (¡y no para el mercado!)

El modelo de vivienda en Chile hace décadas está en crisis…

La imposición de una política habitacional neoliberal en base a subsidios ha tenido diversos y gravísimos efectos para la mayoría de la población, como la baja calidad y el tamaño de las viviendas, la generación de sectores homogéneos de pobreza y la falta de servicios y equipamientos básicos en medio de grandes paños densos de vivienda. 

Esto se profundiza, principalmente, con dos problemas medulares: 

  1. El no reconocimiento de las personas, comunidades y sus realidades diversas, como protagonistas de la producción y gestión del hábitat.
  2. La ausencia de una política pública de suelo. 

La vivienda ha sido instrumentalizada

Esto se ha hecho

  • Para fortalecer el mercado de la construcción, dejando de lado el valor de uso de las viviendas, es decir, postergando la relevancia que tiene la vivienda en la calidad de vida y necesidades de la población a cambio de sacarle el mejor provecho para la generación de ganancias, tanto en la construcción a través de subsidios habitacionales como en la construcción de vivienda masiva de baja calidad para sectores medios; 
  • Para mejorar el negocio del valor del suelo, que se basa principalmente en la apropiación y especulación que genera ganancias según localización, sin considerar las necesidades que se podrían requerir en dichos sectores. 

Vivienda y desigualdades

La génesis de estos problemas está en la ausencia del tema de la vivienda en la actual Constitución, lo que ha tenido como consecuencia que la vivienda y los sueños adquieran “precios demenciales”, como ha sido señalado por algunos expertos. Lo que es aún más crítico para mujeres y disidencias que vivimos la desigualdad salarial, el acceso a créditos y patrimonio.

De esta manera, la vivienda es una de las dimensiones de la desigualdad más importantes en Chile y constituye una causa estructural en términos de pobreza, violencia de género, discriminación racial, marginalidad y vulnerabilidad socioambiental, entre otros.

Al alto precio del suelo y de los arriendos se suma el estancamiento relativo de los ingresos de los hogares: hoy, no sólo adquirir una vivienda en propiedad y bien ubicada es casi imposible, sino que muchos hogares destinan más de la mitad de sus ingresos al arriendo de estas, muchas veces en condiciones de hacinamiento y precariedad, lo que genera agobio familiar, aumento de roces y falta de privacidad, que muchas veces se deposita como violencia en cuerpo de mujeres y niñes. 

Esta condición es particularmente crítica para las mujeres en situación de violencia intrafamiliar, al no existir posibilidades temporales ni definitivas que promuevan su independencia del agresor, muchas veces proveedor principal del hogar, debido a que las mujeres se encargan de suplir las labores de cuidados y tienden a mantener trabajos informales. La consecuencia de esto es que se ven forzadas a mantener su convivencia o quedan expuestas a la falta de redes de apoyo y de seguridad económica al romper con el agresor. No es casual que sea en el ámbito privado del hogar donde se genera la mayor cantidad de feminicidios en Chile. 

Como consecuencia de todo lo anterior, se ha generado la expulsión de la población más pobre a la periferia de las ciudades, la feminización de la pobreza, un allegamiento crónico, la masiva proliferación de campamentos y altos niveles de endeudamiento

Información para manejar:

  • Según datos de 2015 y 2017, en Chile habrían más de 2 millones 200 mil personas “sin casa”
  • Entre los años 2011 y 2018 los campamentos aumentaron un 22%. De estos, 60 campamentos están en zona de riesgo.
  • El Déficit Habitacional Cuantitativo, el cual corresponde a una estimación numérica de las viviendas requeridas en el país, a partir del Censo 2017 y que se compone de tres variables: cantidad de viviendas irrecuperables, número de hogares por vivienda y núcleos allegados en niveles de hacinamiento pero con independencia económica, alcanza las 700 mil viviendas aproximadamente (Casen, 2017).
  • En 2019, la deuda de hogares ha superado por primera vez el 50% del Producto Interno Bruto, donde el crédito hipotecario es el principal componente.

Líneas propuestas para una nueva Constitución

  • La vivienda es un Derecho Humano, cuya función social debe prevalecer por sobre la función de intercambio económico y especulación financiera. Para ello, lo primero es hacer valer los dos acuerdos ratificados por Chile: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, que garantizan el Derecho a la Vivienda. 
  • El derecho a una vivienda adecuada guarda una relación directa con la superación de la segregación y exclusión social, esto implica que el desafío de la planificación urbana, entre otros, es incorporar mecanismos para la integración de los actuales condominios sociales y de poblaciones tradicionales, con medidas que vayan disminuyendo la segregación actual y mejorando la calidad de vida de aquellos barrios que ya han sido construidos con bajos estándares.
  • El rol del Estado Social -en vez del Estado Subsidiario- apunta al desarrollo de un stock de vivienda pública para el arriendo como mecanismo de regulación del mercado de la vivienda. Esta medida se prioriza por sobre la adquisición, debido a que la acumulación de patrimonio es precisamente una forma de rentabilizar el suelo, disminuyendo la disponibilidad del suelo bien localizado y especulando con él. Entonces, si el suelo es de propiedad pública, al arrendarlo se elimina su uso especulativo y rentista.
  • El reconocimiento de la ciudadanía como protagonista de la producción y gestión del hábitat apunta a modalidades autogestionadas para la vivienda y, sobre todo, al mejoramiento integral de los barrios, con la posibilidad de gestión comunitaria, programas de mejoramientos que entreguen poder de decisión a las organizaciones locales reconociendo sus realidades, entre otras iniciativas.
  • Lo anterior incluye parámetros amplios a partir de los cuales se garantiza el ejercicio del derecho a la vivienda, considerando a modo de ejemplo algunas experiencias latinoamericanas, como Ecuador, Bolivia o Venezuela, las que, además de considerar el derecho a la vivienda digna como un derecho constitucional, también incluyen una perspectiva de género como lineamiento base de la carta magna. Estas experiencias nos permitirán desarrollar un marco legal adecuado, que aborde condiciones materiales e inmateriales, como el acceso a servicios e infraestructura, privacidad, integración, cohesión social, identidad, sostenibilidad, entre otros.
  • Las administraciones estatales de diversas escalas (gobernaciones, municipalidades), en conjunto con la población, deben adquirir un rol central en el diseño, gestión, construcción y administración de la producción habitacional, cuya acción conjunta y bajo nuevos y mejores modelos de propiedad colectiva -además de la individual- permita una mayor regulación de los precios, garantice estándares mínimos y contribuya a promover comunidades más fortalecidas bajo principios de no discriminación, no violencia, seguridad y libertad.

Lecturas para profundizar

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