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Marzo 3, 2021. Por Ocupar La Política

Regulación en el derecho internacional

Desde finales de la década de 1990, la lucha contra la corrupción comenzó a ser un tema de interés en la comunidad internacional. Se consideraba que esta amenazaba a los regímenes políticos, horadando la legitimidad de las instituciones, como también la credibilidad y la estabilidad de las relaciones internacionales entre sí. Además, se pensaba que para el combate contra la corrupción era indispensable la cooperación internacional. En ese contexto surgen, con pocos años de diferencia, tres importantes instrumentos de derecho internacional: 

  1. La Convención Interamericana contra la Corrupción en 1996, de la Organización de Estados Americanos (OEA).
  2. La Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales en 1997, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
  3. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 2004, de la ONU.

Asimismo, existen organizaciones internacionales que trabajan en pos de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Algunas de ellas se organizan como organizaciones no gubernamentales. Otras son instituciones financieras, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por su propia naturaleza, estas instituciones ponen el acento sobre todo en la corrupción financiera.

En clave de derechos humanos, otros instrumentos internacionales consagran el derecho humano al acceso a la información pública:

Declaración Universal de DDHH de la ONU

Pacto internacional de derechos civiles y políticos de la ONU

Convención interamericana pacto San José de Costa Rica

 

Aquellos instrumentos ponen el acento en el derecho que toda persona tiene de acceder y solicitar información.

En la Nueva Constitución 

Hay que poner especial atención en abrir el debate sobre la importancia democrática de la transparencia y la rendición de cuentas.

En aquel sentido, debatir sobre ampliar su ámbito, para que las autoridades rindan cuenta no solo ante otras autoridades sino también ante la ciudadanía. 

También, que la rendición de cuenta adquiera un carácter no solo financiero, sino también de cuenta de gestión y de agenda política, en el esfuerzo por fortalecer la soberanía ciudadana en el ejercicio del poder público.

Para la eficacia concreta de lo anterior, se deberían generar y fortalecer mecanismos que profundicen la calidad de “mandato” que tiene la confianza que se entrega al poder público: la revocabilidad de los mandatos; la facultad de la ciudadanía de participar directa y vinculantemente de las decisiones; la definición colectiva de presupuestos y destinaciones, entre otras.

Una visión positiva de la participación y el control ciudadano sobre el poder público, que ponga en valor y fomente la intervención en los asuntos públicos de las personas y los grupos organizados en pos de objetivos colectivos.

En cuanto a la institucionalidad actual de transparencia y rendición de cuentas, sería necesario fortalecer su funcionamiento, otorgándole autonomía y atribuciones para poder hacer cumplir eficazmente los mandatos de entrega de información pública. Asimismo, sería positivo repensar el modo de que la información entregada por los servicios sea activa o pasivamente, fuera dispuesta en formas amigables para la ciudadanía, siendo comprensible más allá del saber técnico de la administración pública o la contabilidad. Esto, en el esfuerzo de hacer de la transparencia una herramienta al servicio de las mayorías del país, útil para la democracia. 

En relación a la lucha contra la corrupción, habrá que desarrollar mecanismos más potentes para la prevención, control, investigación, sanción y reparación en relación a estas conductas.

Lecturas para profundizar 

Consejo para la Transparencia (2015). Compendio de normativa chilena sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Santiago de Chile: Consejo para la Transparencia.

Departamento de Servicios Legislativos y Documentales. Programa de Formación Cívica (2018). Guía de formación cívica. Biblioteca Congreso Nacional. Recuperado de 

Gruenberg, C. y Biscay, P. (2007). Corrupción y derechos humanos. Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos. 

Lauzán, S. y Toro, C. (2009). Anti-corrupción: Actualizando los desafíos. Santiago de Chile: Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Letelier, R. y Rajevic, E. (coord.) (2010). Transparencia en la Administración Pública. Santiago de Chile: Abeledo Perrot.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva Agenda de Probidad y Transparencia, Servicio Civil (2008). Manual de Transparencia y Probidad en la Administración del Estado. Recuperado de 

Nash, C. y González, M. (eds.) (2012). Transparencia, lucha contra la corrupción y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Informe de la tercera reunión regional de especialistas, 7 y 8 de noviembre de 2011. Santiago de Chile: Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2003). La corrupción y sus repercusiones en el pleno disfrute de los derechos humanos, en particular
los derechos económicos, sociales y culturales (informe). 

Zalaquett, J. (2004). Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción en América. Santiago de Chile: Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

 

Referencias 

Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (2004). Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

Organisation for Economic Co-operation and Develpoment, OECD (1997). Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (1997).

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